Cuestiona la legalidad de la grabación de las humillaciones obtenida por los padres de la menor.
Además se queja del tratamiento mediático del caso y defiende a las cuatro profesoras investigadas.
El secretario general del Sindicato Independiente de Empleados Públicos (SIEP) ha enviado una carta a Diario de Sevilla en la que asegura que las presuntas vejaciones sufridas por la niña con autismo en el CEIP Cervantes no fueron contra la menor, sino contra la mochila de ésta. Además, se queja del tratamiento mediático del caso y de que, a su juicio, no se haya respetado la presunción de inocencia de las cuatro profesoras investigadas por presuntos malos tratos a la niña.
«En todo caso la mofa sería contra la mochila de la niña, porque hasta donde yo sé no va con ella puesta durante seis horas de colegio», dice el representante sindical, en referencia a la grabación obtenida por los padres de la menor. Éstos, viendo que su hija se autolesionaba cuando tenía que ir al colegio, decidieron introducir una grabadora en la mochila de la niña. El aparato captó una serie de mofas, insultos y humillaciones hacia la menor, que se están investigando actualmente en un juzgado de Dos Hermanas. Asimismo, se pregunta sobre la legalidad de la grabación, «cosa que a la prensa parece importarle poco». «Cuando una grabación se hace y la persona que graba no participa de la conversación, se está vulnerando el derecho a la intimidad y el secreto de las comunicaciones», dice el representante de SIEP, que también cree que se vulnera la Ley de Protección de Datos con la grabación.
«Aquí lo principal se trata de tres personas que son grabadas mientras charlan coloquialmente en su intimidad sobre una problemática de una niña del colegio, y que da para mucho, sobre todo para sacar frases de contexto que sólo van encaminadas a buscar el morbo y el sensacionalismo», añade.
Por otro lado, el sindicalista ataca al consejero de Educación, Javier Imbroda, y al Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, de los que dice que «se cubren de gloria» al hacer un «juicio paralelo» del caso. También se queja de que ninguno de los otros sindicatos haya salido en defensa de las profesionales investigadas.
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