El exjefe de Homicidios declara que la vivienda de El Pollino era ‘‘un búnker de venta de drogas’’
El inspector ha testificado en el juicio reconociendo que se trabajó sobre la hipótesis de que el caso estaba relacionado con El Pollino y un ajuste de cuentas por droga
Este pasado martes prestó declaración el que fuera jefe del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional en 2017 en el juicio por el triple crimen de Dos Hermanas. Según Europa Press, el inspector ha testificado que fueron claves los chivatazos para hallar los cuerpos y poner en el punto de mira al principal acusado, Ricardo G.H., alias El Pollino, y trabajaron sobre la hipótesis de que este asunto se trataría de un ajuste de cuentas por cuestión de droga. Finalmente, los cadáveres de las víctimas fueron hallados sepultados en un pozo situado en la casa de El Pollino, vivienda que el inspector denomina como ‘‘un búnker de venta de drogas’’.
La denuncia por la desaparición de las tres víctimas fue interpuesta el 18 de septiembre de 2017 y el Grupo de Homicidios se hizo cargo de la investigación. El inspector afirma que le dieron prioridad al caso por ‘‘la alarma que mostraba el contenido’’. Días más tarde, recibían las primeras pistas sólidas cuando aparecían allegados de las víctimas, afirmando que habían recibido llamadas anónimas informando de dónde se encontraban secuestrados o que, incluso, habían fallecido.
Los agentes policiales siempre trabajaron pensando que las víctimas permanecían secuestradas, pero con vida. Por tanto, las primeras averiguaciones se hicieron en torno al Cerro Blanco, haciendo especial hincapié en las viviendas controladas por El Pollino y su clan: ‘‘Miramos en cuál de ellas había movimiento, de gente entrando y saliendo, porque mantener retenidas a unas personas requiere de cierta infraestructura’’.
El siguiente indicio que llevó al hallazgo de los cadáveres fue la llamada anónima que recibió el 23 de septiembre la madre de Sandra Capitán. El informante avisaba que las víctimas estaban retenidas en la barriada Ibarburu por un tipo apodado El Pollino. Fueron claves los testimonios de los dos testigos protegidos, que afirman haber tenido una conversación con David R.H., alias El Tapita, y que les reconoció que fue contratado por El Pollino para dar un susto a un hombre, pero que había denegado la oferta cuando vio que estaban implicadas una mujer y una niña.
La Policía tenía conocimiento de que en la vivienda había ‘‘una especie de pozo’’ por una investigación llevada a cabo en el año 2013. De manera que, cuando el 30 de septiembre comenzaron los registros domiciliarios en Cerro Blanco, la Policía lo tuvo en cuenta. Las investigaciones apuntaban al número 168 y, hasta el último momento, la Policía pensaba que las víctimas estarían retenidas con vida y que ‘‘podría haber una especie de trampilla por la que acceder al pozo’’.
El inspector describió las complicaciones que encontró la Policía para entrar en el número 168 y abrir la fosa donde se hallaban los cuerpos: ‘‘La casa era un búnker. La puerta tenía ocho o nueve cerrojos. Para entrar tuvimos que arrancar las rejas de una ventana porque no pudimos tirar la puerta’’. A pesar de que los agentes se encontraron con una estancia vacía, no pasaron por alto un detalle del baño: ‘‘Las llagas de seis azulejos estaban blancas, como nuevas, y no negras como el resto. El pegamento para unir los azulejos estaba dispuesto de una forma distinta al resto’’. En ese momento, se iniciaron los trabajos de apertura de la fosa que concluyeron a las cinco de la mañana del día 2 de octubre. Para esta operación tuvieron que sumarse efectivos de la UME y bomberos de Dos Hermanas ‘‘porque el hormigón estaba muy compactado’’.
Uno de los letrados preguntó al exjefe si en algún momento coaccionaron al Pollino para se autoinculpara de los crímenes, pero el presidente del tribunal no le ha permitido responder: ‘‘No va a preguntar por algo que cuenta ahora por primera vez, después de tres años, y sin que conste denuncia’’.
La investigación de la Policía se completó cuando registraron el cercano posicionamiento de los teléfonos móviles de las víctimas y los acusados.
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