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La jueza del Caso Varela convoca una audiencia para decidir si abre o no juicio oral

Hay tres procesados en esta causa: el expresidente del PP nazareno Manuel Alcocer, el periodista José Luis Olivares, y un trabajador del Ayuntamiento

El Juzgado mixto número siete de Dos Hermanas (Sevilla), que indaga el presunto «chantaje» orquestado para que Manuel Varela renunciase a su candidatura a la Alcaldía de dicha localidad por Cs en las elecciones municipales de 2015, ha fijado para el 11 de marzo una audiencia preliminar para decidir si abre o no juicio oral contra los tres procesados en esta causa, el expresidente del PP nazareno Manuel Alcocer, el periodista José Luis Olivares y Francisco Javier Romero como persona «interpuesta» en los hechos investigados, según un auto de dicha instancia fijado el pasado 19 de febrero y recogido por Europa Press.

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En el auto, el juzgado rechaza además citar como testigo al exconcejal popular Luis Gómez, por la conversación que éste habría grabado con el otrora también edil del PP nazareno Luis Paniagua, un diálogo en el que este último aludiría a un supuesto pacto con el Gobierno local del PSOE para la «colocación» de una exedil del PP a cambio del «silencio» de los populares, denegando además incorporar a la causa una transcripción y cotejo judicial de una grabación aportada por Varela conforme a una conversación entre él y José Luis Olivares, entre otros aspectos.

Todo gira en torno al presunto «chantaje» al que habría sido sometido Manuel Varela el día previo a las elecciones municipales de 2015, para forzar su renuncia como candidato de Cs a la Alcaldía de Dos Hermanas.

Tras la denuncia de Varela por dicha situación, el Juzgado mixto número siete de Dos Hermanas decidió investigar al expresidente del PP de Dos Hermanas Manuel Alcocer; al entonces edil popular en dicha ciudad, actual capitular en Bormujos y recién dimitido como portavoz del PP en la Diputación, Luis Paniagua; al concejal socialista Agustín Morón; al empresario y militante del PP Emilio Maya; al periodista local José Luis Olivares; a Francisco Javier Romero como persona «interpuesta» en las citadas coacciones y al trabajador municipal Fernando Díaz Alcocer.

Pero en un auto emitido en mayo de 2017, el entonces juez instructor ordenaba el archivo de las actuaciones judiciales respecto a Emilio Maya (fallecido en noviembre de 2017) y Fernando Díaz, para continuar las diligencias previas por el trámite del procedimiento abreviado en el caso de Manuel Alcocer, Luis Paniagua, Agustín Morón, José Luis Olivares y el también imputado Francisco Javier Romero.

Ya el 28 de septiembre de 2017, el Juzgado mixto número siete decidió sobreseer las actuaciones respecto al edil del PP Luis Paniagua y el concejal socialista Agustín Morón, así como continuar las diligencias por el procedimiento del tribunal del jurado en el caso de Alcocer, el periodista José Luis Olivares y Francisco Javier Romero.

No obstante, Varela tiene recurrido ante el Tribunal Constitucional el auto de la Audiencia que ratificaba estas decisiones adoptadas por el juez instructor, un recurso aún pendiente de resolución, según ha confirmado a Europa Press el propio Varela.

En el caso de las tres personas que siguen investigadas en la causa: el expresidente del PP nazareno Manuel Alcocer, el mencionado periodista y Francisco Javier Romero, la Audiencia desestimó sobreseer las actuaciones en su contra, recordando entre otros aspectos el «tráfico de llamadas entre José Luis Olivares y Alcocer, así como la forma en que se produjeron», porque «ponen de manifiesto una relación entre la persona que participó directamente en la transmisión de la amenaza, José Luis Olivares, y la que se sitúa como que grabó el video posteriormente difundido y utilizado para la amenaza», referencia esta última que se dirige a Alcocer.

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El caso, de cualquier manera, está siendo tramitado por el procedimiento del tribunal del jurado, pues según la Audiencia, «tanto si se considera que existen dos delitos (contra la intimidad y de amenazas) según el instructor o uno solo de amenazas según el fiscal, en ambos casos el procedimiento adecuado sería el del tribunal del jurado».

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