Demoler la residencia de Montequinto cuesta 420.837€

Tal y como figura en una respuesta escrita de la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz

La demolición del antiguo Centro Residencial de Personas Mayores Montequinto de Dos Hermanas (Sevilla), cuyo cierre a cuenta de su situación fue objeto de un prolongado conflicto con frecuentes movilizaciones, supuso un coste final de 420.837,50 euros, según figura en una respuesta escrita de la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz (Cs), a una pregunta parlamentaria del PSOE.

En esta respuesta escrita fechada el pasado 22 de junio y recogida por Europa Press, la consejera Rocío Ruiz precisa que las citadas obras de demolición, contratadas por la Administración autonómica, «se iniciaron el día 9 de diciembre de 2020 y su coste ha ascendido a un total de 420.837,50 euros».

A la hora de promover el derribo de estas instalaciones, la Junta esgrimía el «grave peligro que conllevaban para la integridad de las personas» una vez trasladados los ancianos de esta residencia al centro Huerta Palacios, también en Dos Hermanas, no sin que dicha medida conllevase un intenso debate político y social en defensa del recinto ya demolido.

La titularidad de este edificio construido entre 1979 y 1983 correspondía antaño a la Tesorería General de la Seguridad Social, siendo después transferido el inmueble a la Junta de Andalucía, que instaló en el mismo el citado centro público de personas mayores.

Posteriormente, en marzo de 2014, el Servicio de Obras y Equipamientos de la actual Consejería de Políticas Sociales emitió un informe donde destacaba la escasa calidad de los materiales originales del edificio, cuyo deterioro se vio agravado por el paso del tiempo.

Aunque el edificio no presentaba en ese momento problemas estructurales como tal, las instalaciones, solería y la necesidad de su adaptación a la normativa vigente para este tipo de centros requerían una actuación de carácter integral «muy costosa», derivando todo ello en el controvertido traslado de los ancianos a la residencia de Huerta Palacios, extremo que contó con la oposición de diversas voces en defensa del antiguo geriátrico.

Por otra parte, y según la Junta, a pesar de haberse llevado a cabo actuaciones de desmantelamiento de elementos peligrosos y de su cerramiento, estas instalaciones fueron objeto de «ocupación y vandalismo» una vez evacuado, por lo que «dada la situación de grave peligro para la integridad de las personas, la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación propuso el derribo el recinto, acometido finalmente en diciembre de 2020.

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