El PP de Dos Hermanas exige la puesta en marcha de la Ley de Grandes Ciudades para acabar con el centralismo municipal

REDACCIÓN

El Partido Popular de Dos Hermanas vuelve a alzar la voz ante la pasividad del gobierno socialista local y reclama que los Presupuestos Municipales de 2026 incluyan, de una vez por todas, una dotación presupuestaria clara y suficiente para aplicar íntegramente la Ley de Grandes Ciudades -una herramienta clave para modernizar, descentralizar y democratizar la gestión municipal-. 

Esta normativa, en vigor desde hace más de una década, permite a municipios de gran población como Dos Hermanas avanzar hacia un modelo de gestión más cercano, eficiente, transparente y participativo.

Se trata de una normativa estatal vigente desde hace más de una década, que el Ayuntamiento de Dos Hermanas, gobernado por el PSOE, sigue ignorando en gran medida. A pesar del crecimiento demográfico y territorial del municipio, el ejecutivo socialista ha sido incapaz de dar el paso hacia una administración más cercana, participativa y eficaz, manteniendo un modelo centralista que no responde a las necesidades reales de los barrios.

La propuesta popular parte del reconocimiento de que, aunque se han realizado avances parciales en la modernización de la administración municipal, siguen sin implementarse elementos esenciales de esta ley, como la creación de distritos y juntas municipales.

En este sentido, la concejal popular, Carmen Espada, señala que “el PSOE lleva años ignorando la Ley de Grandes Ciudades, condenando a Dos Hermanas a una administración centralista, lenta y desconectada de sus vecinos”.

La Ley de Grandes Ciudades permite la creación de distritos con órganos propios de gobierno, como son las Juntas Municipales de Distrito, formadas por representantes designados por el Pleno y dotadas de competencias directas. Sin embargo, nada de esto se ha puesto en marcha, lo que evidencia la desidia política del actual gobierno local. La descentralización implicaría una delegación real de competencias en servicios esenciales como el mantenimiento de infraestructuras, servicios sociales, seguridad o gestión educativa, junto a una adaptación presupuestaria que permita a cada distrito disponer de recursos propios según sus prioridades.

Para el Partido Popular, esta situación no es solo un problema de eficiencia administrativa, sino una cuestión de calidad democrática. 

“Estamos ante una ley que fomenta la participación vecinal, la transparencia y la adaptación territorial de los servicios públicos. Negarse a aplicarla es negarse a escuchar a la ciudadanía y a construir una ciudad del siglo XXI”, ha afirmado la popular Espada, para quien “la inacción del PSOE ha convertido la Ley de Grandes Ciudades en papel mojado, siendo inadmisible que sigamos sin una administración cercana y eficiente”-

Desde el PP subrayan que descentralizar no es una opción, sino una obligación política, técnica y moral. Por eso proponen que el presupuesto de 2026 incluya una partida específica que marque el inicio real del proceso de descentralización, garantizando una transición ordenada hacia un modelo de ciudad moderna, participativa y con gobiernos de proximidad.

“El PSOE ha preferido mirar hacia otro lado durante años. Ha tenido tiempo, recursos y normativa para transformar la ciudad, pero ha elegido el inmovilismo. Es hora de pasar de las palabras a los hechos y dar a nuestros barrios la autonomía y el protagonismo que merecen”, señalan desde el Grupo Popular.

Desde el PP destacan los beneficios directos que esta medida supondría para la ciudadanía, entre lo que destaca una mayor accesibilidad a los servicios municipales, gestionados desde estructuras más cercanas, la reducción de la burocracia y trámites más ágiles, gracias a una administración más moderna y tecnológica, y una mayor transparencia y participación ciudadana, mediante consultas públicas y propuestas vecinales. Además, se contaría con servicios más personalizados, adaptados a las particularidades de cada zona del municipio.

Por ello, el Grupo Popular propone que el Presupuesto de 2026 incluya una partida específica para iniciar este proceso, asegurando una transición ordenada hacia una estructura municipal descentralizada, moderna y participativa.

“No aplicar esta ley es una decisión política que perjudica directamente a los vecinos. El PSOE prefiere el control centralista antes que una gestión eficaz y democrática” ha concluido Espada.

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