La Fiscalía rechaza archivar la causa contra Francisco Toscano por la contratación de Francisco Salazar

REDACCIÓN

La Fiscalía de Dos Hermanas ha rechazado la petición de archivo de la causa judicial abierta contra Francisco Toscano, exalcalde socialista del municipio, y Francisco Salazar, por su contratación en el Ayuntamiento nazareno en 2012. Según ha informado ABC este domingo y ha podido confirmar este medio, el Ministerio Público solicita que se desestime el recurso presentado por la defensa del exregidor y que se mantenga el auto dictado el pasado 4 de agosto que dio luz verde a la apertura de diligencias.

La investigación tiene su origen en una querella presentada por el abogado de Vox, Fernando Rodríguez Galisteo, en relación con un presunto caso de enchufismo vinculado a la contratación de Salazar para la gestión del Gran Hipódromo de Andalucía, en la zona de Entrenúcleos. Toscano ocupaba entonces la Alcaldía de Dos Hermanas.

La defensa del exalcalde recurrió ante la Audiencia de Sevilla con el objetivo de que la juez inadmitiera la querella, argumentando que responde a “motivos espurios” y constituye un “abuso de derecho y fraude procesal”. Además, sostuvo que el procedimiento de pago de nóminas en el Consistorio sigue los controles habituales de Recursos Humanos, Intervención y Tesorería, lo que —a su juicio— acredita la regularidad administrativa de la contratación.

Sin embargo, la Fiscalía considera que la querella presenta una base “mínimamente indiciaria” de la posible comisión de un hecho delictivo y estima “procedente” que se practique, al menos, una actividad instructora básica para esclarecer los hechos.

Por su parte, Vox insiste en la necesidad de investigar la inexistencia de documentación municipal relativa al expediente de contratación. Ante esta situación, la Unidad Central Operativa (UCO) ha solicitado al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) diversa documentación, entre ella la oferta de empleo tramitada en 2012, el listado de candidatos y currículos remitidos al Ayuntamiento, las comunicaciones entre el SAE y el Consistorio, así como copia del contrato de trabajo de Salazar.

La querella sostiene que, siendo Toscano alcalde en la fecha de la contratación, podría tener responsabilidad penal en los hechos investigados. Los abogados de Vox califican de “extraño y necesario” esclarecer por qué no consta expediente de contratación conforme a los principios de libre concurrencia, obligando a la UCO a recabar información externa.

En su recurso, Toscano defiende que Salazar fue contratado el 12 de julio de 2012 para gestionar activos patrimoniales municipales, entre ellos el Gran Hipódromo de Andalucía y aparcamientos públicos, cumpliendo —según sostiene— con su jornada laboral y disponiendo de permisos reglados en caso de ausencia. Añade que la contratación fue aprobada en Junta de Gobierno Local el 9 de julio de ese año y, por tanto, fue un acto público.

El exalcalde subraya además que en el momento de la contratación no existía ningún vínculo con aspiraciones nacionales de Pedro Sánchez, quien años después resultaría elegido secretario general del PSOE y presidente del Gobierno. Según su defensa, ni él ni Salazar podían prever en 2012 la evolución política posterior.

Salazar permaneció vinculado laboralmente al Ayuntamiento hasta que se le concedió una excedencia forzosa el 1 de julio de 2017. Fuentes del caso apuntan que la relación laboral podría haberse mantenido activa hasta 2025, extremo que deberán determinar los investigadores de la UCO, que han registrado en dos ocasiones el Ayuntamiento de Dos Hermanas en busca de documentación relacionada con la contratación.

La causa continúa en fase de instrucción a la espera de que se practiquen nuevas diligencias y se determine si existen responsabilidades penales derivadas de los hechos investigados.

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