Expulsada una agente de la comandancia que denunció una trama de corrupción en el cuerpo

María Serrano, tiene  «14 causas» contra el instituto armado ante instancias como el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, está de baja psicológica.

Este jueves ha sido consumado el lanzamiento ordenado por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 12 de Sevilla respecto a la vivienda del acuartelamiento de la Guardia Civil de Montequinto, en Dos Hermanas (Sevilla), ocupada hasta ahora por la agente natural de dicha provincia y que asegura tener «14 causas» abiertas contra el Instituto Armado, tras ser objeto de expedientes disciplinarios después de haber denunciado lo que a su juicio constituía una «trama de corrupción» dentro del cuerpo.

 

Esta agente, llamada María Serrano, ha explicado a Europa Press que en el marco de su conflicto con el Instituto Armado, contra el que promueve «14 causas» ante instancias como el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, está de baja psicológica pero permanece «en activo», toda vez que en su contra mediarían hasta tres expedientes disciplinarios que según asegura están todos «caducados».

Todo ello, según su narración, por «destapar una trama de corrupción» tras desembarcar en el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Sevilla.

En ese contexto, ha relatado que este jueves, y por orden del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 12, ha sido consumado el lanzamiento instado por la Guardia Civil respecto a la vivienda que tenía asignada en el acuartelamiento de Montequinto, extremo acontecido cuando ella estaba de viaje en Bruselas (Bélgica) y quedando dentro del piso sus enseres.

En ese sentido, ha lamentado que ni el juzgado ni la Abogacía del Estado hayan aceptado la prórroga que solicitaba respecto al lanzamiento de la vivienda, toda vez que fuentes de la Guardia Civil han indicado a Europa Press que la asignación de las viviendas de los acuartelamientos están sujetas al cumplimiento de una serie de requisitos por parte de los agentes, como contar con destino en el sitio, asegurando que en este caso han sido agotados los procedimientos tanto en el plano administrativo como en el judicial antes de llegar al desalojo.

La Guardia Civil, en ese sentido, insiste en que el lanzamiento responde a la propia orden del juzgado y ha sido acometido con todas las garantías por la comisión judicial, toda vez que la afectada ha elevado un escrito al Instituto Armado, en demanda de que se le permita retirar sus pertenencias de la vivienda.

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