El juzgado número 7 de Dos Hermanas ha decretado prisión sin fianza para el presunto cabecilla de una supuesta red de estafadores relacionados con líneas de telefonía móvil. En la causa hay 75 investigados en su mayor parte personas que compraron los móviles de procedencia fraudulenta.
Rosendo M.S supuesto cabecilla, pagaba unos 200 euros a toxicómanos y utilizaba su DNI para conseguir el alta en líneas telefónicas. Posteriormente gestionaba la portabilidad a otras compañías de telefonía que ofrecían a cambio terminales de alta gama. Finalmente vendía los móviles y obtenía “un beneficio económico ilícito”, según informa Diario de Sevilla.
El Grupo de Estafas de la Policía de Dos Hermanas, tras una investigación de varios meses, puso el viernes a disposición judicial a seis personas. Previamente había identificado a más de 70 compradores de los móviles de procedencia fraudulenta o a personas que habían prestado su DNI y datos personales para llevar a cabo los contratos.
El presunto cabecilla ingresó en prisión sin fianza y otro investigado, propietario de una tienda de Coria del Río a través de la cual daban salida a los terminales, quedó libre bajo fianza aunque la Fiscalía también había pedido prisión incondicional para él. El comerciante está acusado de un presunto delito de receptación con la agravante de hacerlo a través de un establecimiento abierto al público.
El auto de prisión imputa a Rosendo M.S. presuntos delitos continuados de estafa, falsedad documental y usurpación de estado civil.
La Fiscalía pidió prisión para él y la juez indica que se cumplen las condiciones de que la pena que llevan aparejados estos hechos es de prisión superior a dos años.
Además, el investigado ha sido identificado por el resto de implicados como la persona que ofrecía dinero a cambio de que le facilitasen sus datos o para recepcionar la mercancía. También fue identificado como la persona que se dirigía al responsable del establecimiento de Coria para que procediera a adquirir dichos terminales.
Según la Policía, esta red ha ocasionado un perjuicio superior a los 50.000 euros a las compañías afectadas.
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