El Ayuntamiento expropia suelos para la planta de depuración de aguas residuales

REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Dos Hermanas (Sevilla) ha iniciado el expediente por la vía de urgencia para la expropiación de algo más de 5.500 metros cuadrados en el poblado de Adriano, del término municipal nazareno, para poder construir una planta de tratamiento y depuración de las aguas residuales de este núcleo de población, con menos de 2.000 habitantes, a fin de «reducir la carga de contaminantes del vertido y convertirlo en inocuo para el medioambiente».

Tanto el acuerdo de inicio de los trámites del expediente de expropiación como la declaración del proyecto de construcción de utilidad pública e interés social se han publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) este jueves, consultado por Europa Press. Estará en exposición pública quince días para que se formulen por los interesados «cuantas alegaciones estimen oportunas».

El pasado 25 de mayo de 2022, la Comisión Ejecutiva del Consejo de Administración de Emasesa acordó aprobar técnicamente el proyecto de construcción de la EDAR de Adriano, con el que poner en marcha un «sistema de tratamiento en función de la situación actual, partiendo de la base de los datos analíticos aportados de los efluentes y considerando que las aguas residuales a depurar de los restantes núcleos de población presentan las mismas características», se explica en el BOP de este miércoles.

Este proyecto viene motivado también por la incoación de expediente administrativo sancionador por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) por «vertido de aguas residuales procedentes de la pedanía de Adriano a cauce público sin autorización de ese organismo». Infracción administrativa que afecta tanto a Emasesa como al Ayuntamiento de Dos Hermanas como «responsable solidario».

El citado expediente «cita argumentos que pueden inducir a la urgencia del asunto», señala el Consistorio, y que no son otros que «la obligación de corregir inmediatamente los vertidos denunciados, debiendo instar en el plazo de un mes ante el organismo de Cuenca –CHG– su preceptiva legalización».

Las infracciones administrativas, recuerda el Ayuntamiento citando la Ley, son aquellas en las que los vertidos «puedan deteriorar la calidad del agua o las condiciones de desagüe del cauce receptor, efectuados sin contar con la autorización correspondiente, así como el incumplimiento de las prohibiciones establecidas en la Ley o la omisión de los actos a que obliga».

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