REDACCIÓN
Tras numerosas denuncias en redes sociales, varios trabajadores del tanatorio municipal despedidos mantuvieron una reunión con el concejal de Izquierda Unida, Fran G. Parejo, donde ampliaron toda la información de la situación que a día de hoy se vive allí. Sobre este servicio público recae una concesión a una empresa privada fruto del último concurso público del año 2016 y desde el primer momento se han sucedido incumplimientos y casos de represión sindical.
Los trabajadores denuncian el incumplimiento de horarios y cuadrantes de trabajo con semanas de guardias de 24 horas consecutivas, uniformes a cargo del trabajador o largos desplazamientos sin dietas; un uso inadecuado de las instalaciones además de varios incumplimientos en la prestación del servicio que han llegado a situar a funerarios haciendo tareas de bar, limpieza o jardinería. Ante esta situación comenzaron a organizarse para reclamar el cumplimiento de un convenio que nunca fue aplicado.
La reacción de la empresa han sido los despidos masivos. Ante esta situación García Parejo considera necesaria la actuación del Ayuntamiento como contratante principal y propietario del edificio en el que la empresa tiene instaladas sus oficinas y ejerce su actividad. “La externalización de un servicio público siempre acarrea peores condiciones para las trabajadoras y trabajadores porque las empresas privadas no tienen límites a la hora de ampliar el margen de beneficios, eso choca frontalmente con cualquier iniciativa pública”.
El concejal en Dos Hermanas y diputado provincial de IU cree que “ante lo delicado del sector en el que trabaja la empresa debe prestar especial atención a que las trabajadoras y trabajadores tengan todos los derechos en orden ya que no estamos hablando de un servicio
rovincial de IU cree que “ante lo delicado del sector en el que trabaja la empresa debe prestar especial atención a que las trabajadoras y trabajadores tengan todos los derechos en orden ya que no estamos hablando de un servicio que pueda quedar desatendido”. Por ello considera que el Ayuntamiento debe exigir el cumplimiento del convenio en su totalidad o la renuncia inmediata al contrato.
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