Dos detenidos por verter amianto en la hacienda Ibarburu de Dos Hermanas

REDACCIÓN

Una operación conjunta de la Policía Autonómica y la Policía Nacional ha permitido detener a un individuo e imputar a otro por un presunto delito contra el medio ambiente cometido al verter amianto cerca de la Hacienda Ibarburu, que está catalogada como Bien de Interés Cultural (BIC) por la Junta de Andalucía desde 2002.

Agentes de la Unidad Regional Operativa Medioambiental (UROM), de la Unidad de la Policía Nacional Adscrita a Andalucía y de la Brigada Local de Información de la Comisaría Local de Policía Nacional de Dos Hermanas han llevado a cabo la Operación Barroco. Según ha informado la Consejería de la Presidencia, comenzó hace un año tras detectarse vertidos contaminantes compuestos por grandes cantidades de uralita, material que contiene amianto con «alto potencial cancerígeno», en las inmediaciones de la finca, situada en la carretera N-IV a su paso por Dos Hermanas.

Los agentes comprobaron que los residuos contaminantes eran depositados «sin ningún tipo de medida de seguridad medioambiental», con lo que contravenían la normativa autonómica y afectaban «directamente a un enclave protegido».

Fruto de las investigaciones llevadas a cabo, se logró identificar al autor material de los vertidos, a quien se le imputó un delito contra el medio ambiente. Posteriormente, como consecuencia de la continuación de las indagaciones, se logró identificar y detener a un segundo sujeto a quien, además del delito anterior, se le imputaron también delitos de estafa y contra los derechos de los trabajadores.

El modus operandi de los autores consistía en ofrecer sus servicios como empresa especializada en la retirada y tratamiento de residuos tóxicos y peligrosos. Aseguraban contar con los permisos y certificaciones necesarios que la Junta requiere para tal actividad. De esta manera, una vez que eran contratados para la retirada de la uralita, «procedían a su recogimiento manipulando dicho material sin adoptar medidas preventivas y lo transportaban en vehículos alquilados que carecían de las características adecuadas para tal fin», según han explicado los agentes.

Al final volvían a verter los residuos contaminantes en lugares de «difícil acceso», con lo que obviaban cualquier tipo de tratamiento para su descontaminación o eliminación y provocaban «un grave riesgo para la salud pública». 

La investigación continúa abierta con el objetivo de esclarecer otros posibles vertidos ilegales en diferentes puntos de Andalucía y Extremadura, así como determinar la implicación de terceras personas en estos hechos.

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