REDACCIÓN
El Juzgado que instruye el caso ordenó al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) la entrega de toda la documentación que tenga en su poder relativa a la contratación en 2012 de Francisco Salazar, exasesor del presidente del Gobierno, para un puesto en el municipio sevillano de Dos Hermanas, con el fin de investigar posibles irregularidades.
Según la instructora, en la documentación requisada al Ayuntamiento de Dos Hermanas no figura información relevante que acredite un proceso de selección público, como la oferta de empleo, lista de candidatos, currículos o comunicaciones entre el Ayuntamiento y el SAE.
La investigación está siendo llevada a cabo por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, como parte de una causa más amplia sobre presunto “enchufismo” y cobros públicos indebidos.
El caso ha reavivado las críticas sobre transparencia en la contratación pública. De hecho, ya en 2018 la formación Izquierda Unida había denunciado en un Pleno municipal lo que calificaba entonces de adjudicación irregular del puesto de Salazar.
La juez instructora exige al SAE “toda la información obrante” sobre ese contrato concreto, para esclarecer si se siguieron los trámites legales. Si se demuestra que hubo irregularidades, podría abrirse una causa penal por malversación, prevaricación o tráfico de influencias.
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