Tres BIC en la Lista Roja: ¿quién dejó deteriorarse el patrimonio de Dos Hermanas?

REPORTAJE

Dos Hermanas tiene tres Bienes de Interés Cultural en la Lista Roja de Hispania Nostra. El último en incorporarse ha sido la Torre Mochuela, incluida el pasado 27 de julio. Antes llegaron la Hacienda Ibarburu y la Torre de los Herberos.

Tres monumentos protegidos sobre el papel, pero expuestos durante años a incendios, expolios, vertidos, vegetación descontrolada y derrumbes. No se encuentran en la misma situación ni tienen los mismos propietarios, pero comparten una realidad: las medidas de protección llegaron cuando el deterioro ya era evidente.

La Lista Roja no es una sanción ni supone por sí misma que exista un delito. Se trata de una iniciativa de Hispania Nostra para advertir sobre bienes históricos en riesgo de desaparición o destrucción. Sin embargo, que tres monumentos del municipio aparezcan en ella deja una pregunta incómoda: ¿quién tenía que haberlos protegido y no lo hizo?

Torre Mochuela: un abandono que no puede atribuirse a un propietario privado

La situación de la Torre Mochuela es la más difícil de justificar. No pertenece a una empresa desaparecida ni se encuentra atrapada en una herencia con decenas de titulares. La ficha publicada por Hispania Nostra señala que es de propiedad pública municipal.

Los restos de esta antigua construcción defensiva, cuyo origen se sitúa entre los siglos XII y XIII, se encuentran junto a la autovía A-4. En sus inmediaciones se acumulan residuos y el recinto carece de un cerramiento que impida el acceso. Los acebuches y otras plantas han crecido entre los muros, introduciendo sus raíces en las grietas y acelerando su deterioro.

También se han producido actos vandálicos y expolios. Los responsables materiales de esas acciones son quienes entran, dañan, roban o arrojan residuos. El problema es que llevan años pudiendo hacerlo con demasiada facilidad.

En este caso, la responsabilidad directa sobre la conservación corresponde al Ayuntamiento de Dos Hermanas. Es el propietario y, por tanto, quien debía mantener el espacio limpio, controlar la vegetación, impedir accesos y consolidar los restos antes de que el daño avanzara.

La Junta de Andalucía también tiene responsabilidad como administración encargada de tutelar el patrimonio histórico. Pero el gobierno municipal no puede escudarse en la falta de actuación autonómica cuando el inmueble es suyo.

Hispania Nostra no deja demasiado espacio para las interpretaciones: justifica la entrada de la torre en la Lista Roja por la “desprotección por parte de las administraciones competentes”. La vegetación explica las grietas y el vandalismo explica algunos daños, pero ninguno de esos problemas apareció de un día para otro.

Ibarburu: siete años de abandono y avisos sin resultado

La Hacienda Ibarburu es el caso más grave. Declarada Bien de Interés Cultural en 2002, entró en la Lista Roja en 2021 y desde entonces su estado no ha dejado de empeorar.

Buena parte de las cubiertas se ha derrumbado. Se han sucedido los incendios y los saqueos, algunos realizados, según las denuncias de los colectivos patrimonialistas, con maquinaria para extraer columnas, arcos y materiales históricos. El recinto también ha sido utilizado para abandonar residuos.

La Plataforma Salvemos la Hacienda de Ibarburu sitúa el inicio del abandono total en 2017, cuando dejó de contar con vigilancia. La propiedad está dividida entre varios titulares: herederos, una empresa y una junta de compensación en la que participa el Ayuntamiento de Dos Hermanas.

Ese reparto ha servido durante años para diluir responsabilidades. Unos señalan a los propietarios, otros a la Junta de Andalucía y otros al Ayuntamiento. Mientras se discute quién debe dar el primer paso, el edificio continúa cayéndose.

La ley, sin embargo, es clara. La Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía obliga a los propietarios y poseedores de un bien protegido a conservarlo, mantenerlo y custodiarlo. Por tanto, los titulares de Ibarburu son los primeros responsables de que la hacienda haya permanecido sin el mantenimiento necesario.

Pero la obligación de las administraciones no acaba enviando un requerimiento que después nadie cumple. La Junta puede ordenar obras, imponer multas coercitivas y ejecutar las actuaciones de forma subsidiaria, pasando posteriormente el coste a los propietarios.

En diciembre de 2019, la Comisión Provincial de Patrimonio ya informó favorablemente sobre unas obras urgentes de seguridad. No se trata, por tanto, de una autorización reciente. Han pasado casi siete años.

En 2020, el Defensor del Pueblo Andaluz llegó a considerar que el problema se encontraba “en vías de solución”, aunque pidió mantener la vigilancia y comprobar que las medidas se ejecutaban. La situación actual demuestra que aquella solución nunca llegó a materializarse de manera suficiente.

Los saqueadores y quienes hayan provocado incendios son responsables de los daños que puedan atribuírseles. Sus identidades deben ser determinadas por una investigación policial y judicial. Pero centrar toda la culpa en los vándalos sería ocultar la mitad del problema. Sin años de abandono, ausencia de vigilancia y falta de ejecución administrativa, difícilmente habrían podido actuar con tanta impunidad.

Los propietarios son los primeros obligados legales. El Ayuntamiento tampoco es un espectador ajeno, porque participa en una de las entidades vinculadas a la propiedad y lleva años conociendo el estado del inmueble. Y la Junta ha tenido tiempo e instrumentos legales suficientes para intervenir con mayor contundencia.

Los Herberos: estuvo abandonada, pero su situación ha cambiado

La Torre de los Herberos completa la Lista Roja de Dos Hermanas, aunque su situación actual debe contarse con más precisión.

La torre fue incluida por Hispania Nostra en octubre de 2021. En aquel momento presentaba problemas de conservación, acumulación de residuos, expolios y un entorno arqueológico degradado. Durante años apenas sobrevivieron dos grandes lienzos de muro en mitad de los restos de la antigua ciudad romana de Orippo.

Sin embargo, aquí sí se han ejecutado actuaciones. Una primera fase de consolidación se desarrolló en 2019. Posteriormente se puso en marcha una segunda intervención para actuar sobre las caras interiores de los muros.

En junio de 2025, el Ayuntamiento dio por finalizada la restauración de la torre y aprobó una tercera fase centrada en los accesos, el cerramiento y la adecuación de su entorno para futuras visitas. El proyecto fue adjudicado en enero de 2026 por algo más de 211.000 euros, financiados entre el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía.

La actuación ha sufrido retrasos, pero existe una diferencia sustancial respecto a Ibarburu y Mochuela: en Los Herberos hay obras ejecutadas, dinero comprometido y un proyecto para completar la recuperación.

Esto no borra los años anteriores de abandono ni exime al Ayuntamiento de su responsabilidad histórica. Sí obliga a reconocer que el gobierno municipal ha comenzado a revertir la situación. Presentar las tres construcciones como si actualmente estuvieran igual de abandonadas sería incorrecto.

Cuando finalice la tercera fase, las administraciones deberán acreditar el estado del conjunto y solicitar a Hispania Nostra que revise su permanencia en la Lista Roja.

No existe un único culpable, pero sí responsabilidades concretas

El deterioro de estos tres bienes no puede atribuirse a una sola persona, un único mandato o un partido determinado. Tampoco vale recurrir a una responsabilidad colectiva en la que, al final, nadie responde.

Los autores de robos, vertidos, incendios o actos vandálicos son los responsables materiales. Sin una sentencia no se pueden publicar nombres ni afirmar quién provocó cada daño.

Los propietarios son los responsables legales de conservar los inmuebles. En Ibarburu esa obligación corresponde a sus diferentes titulares. En la Torre Mochuela recae directamente sobre el Ayuntamiento por tratarse de una propiedad municipal.

Existe también una responsabilidad política. El deterioro se ha prolongado durante los últimos mandatos de Francisco Toscano y ha llegado hasta el actual gobierno de Francisco Rodríguez. Ambos pertenecen al PSOE, partido que gobierna Dos Hermanas desde hace décadas. La ausencia de alternancia hace especialmente difícil trasladar la culpa a gobiernos municipales anteriores de otro signo.

El actual ejecutivo local puede apuntarse el avance de Los Herberos, pero todavía no ha mostrado en las fuentes públicas consultadas una respuesta equivalente para la Torre Mochuela ni una solución integral para Ibarburu.

La Junta de Andalucía tampoco puede quedar fuera. La degradación comenzó o se prolongó bajo gobiernos autonómicos tanto del PSOE como del PP. Cambió el partido al frente de la Junta, pero Ibarburu continuó deteriorándose. Si la Administración dispone de capacidad para ordenar obras, sancionar y actuar subsidiariamente, debe explicar por qué esas herramientas no han conseguido salvar el inmueble.

Hablar de responsabilidad política no equivale a acusar a alcaldes, concejales o responsables autonómicos de provocar directamente los daños. Significa exigir explicaciones a quienes tenían competencias, conocían el problema y no lograron impedir que avanzara.

De los informes a las obras

La recuperación todavía es posible, pero cada bien necesita una respuesta diferente.

En la Torre Mochuela, el Ayuntamiento debe actuar de inmediato: limpiar el entorno, retirar la vegetación que afecta a los muros, cerrar el recinto, consolidar los restos y presentar un proyecto con presupuesto y plazos. No basta con anunciar que se estudiará su situación.

En Ibarburu, la Junta debe exigir a todos los propietarios un calendario obligatorio de conservación. Si vuelven a incumplirlo, tendrá que recurrir a las sanciones y a la ejecución subsidiaria previstas en la ley. El Ayuntamiento, por su participación en la junta de compensación y por sus competencias municipales, debe dejar de comportarse como un simple intermediario.

En Los Herberos, la prioridad es terminar la tercera fase, proteger el entorno de Orippo y hacer posible su apertura al público. Será la forma de demostrar que salir de la Lista Roja no depende de declaraciones, sino de obras terminadas.

Las asociaciones y vecinos llevan años alertando de la situación. No son responsables de que los monumentos hayan llegado hasta aquí. Al contrario, sus denuncias han evitado que el deterioro ocurriera completamente en silencio.

La ruina de estos bienes no era inevitable. Fue el resultado de saqueos y vandalismo, pero también de años sin mantenimiento, vigilancia ni decisiones eficaces. Ahora ya se conocen las causas y quién tenía que actuar. Lo que falta no es otro diagnóstico, sino que cada responsable cumpla de una vez con su obligación.