El que fuera candidato de Cs a la Alcaldía de Dos Hermanas (Sevilla) en 2015, Manuel Varela, promotor de la denuncia por el presunto «chantaje» orquestado para que renunciase a su candidatura, ha recurrido ante el Tribunal Constitucional el auto de la Audiencia que ratifica las decisiones adoptadas por el juez instructor de sacar de la causa a los cargos políticos como Agustin Morón (PSOE) o Luis Paniagua (PP).
El abogado de Varela, considera que en las decisiones del juez instructor ratificadas por la Audiencia de Sevilla, se inadmiten «la práctica de diligencias de prueba propuestas que avalan la participación en los hechos denunciados» del actual concejal popular de Bormujos y portavoz del PP en la Diputación, Luis Paniagua, y el edil del Gobierno socialista del Ayuntamiento nazareno Agustín Morón.
Por ello en su recurso de amparo se señala una supuesta «vulneración» del derecho a la tutela judicial efectiva y a los derechos a obtener una resolución motivada, a utilizar los medios de prueba pertinentes, al juez imparcial y al juez ordinario predeterminado por la Ley, reclamando la anulación de las decisiones del Juzgado de Instrucción número siete de Sevilla y de la Audiencia impugnadas en este recurso de amparo.
Asimismo, el letrado que asiste a Manuel Varela pide la«anulación parcial» del auto dictado por la Audiencia Provincial de Sevilla, de 24 de junio de 2019, al respecto «de la desestimación de nuestro recurso de apelación formulado subsidiariamente por mi representado contra el auto de 28 de septiembre de 2017, acordada en su parte dispositiva».
La denuncia que presentó en su día Manuel Varela dio lugar a una causa judicial en la que fueron investigados el expresidente del PP de Dos Hermanas Manuel Alcocer; el ya expresidente de Nuevas Generaciones de Andalucía y por aquel entonces edil popular en dicha ciudad Luis Paniagua; el concejal socialista Agustín Morón; el empresario y militante del PP Emilio Maya —fallecido en noviembre de 2017—; el periodista local José Luis Olivares; Francisco Javier Romero como persona «interpuesta» en las citadas coacciones y el trabajador municipal Fernando Díaz Alcocer.
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