Toscano amenaza con “medidas legales” y defiende la labor de Salazar “cumplió su calendario laboral”
Toscano ha calificado de “una aberración” la querella presentada por el partido Vox contra él y Salazar por presuntos delitos de prevaricación administrativa, malversación y tráfico de influencias
REDACCIÓN
El exalcalde socialista Francisco Toscano ha vuelto a posicionarse con fuerza en el centro de la polémica tras las investigaciones judiciales abiertas alrededor de la contratación en 2012 de Francisco Salazar, amigo personal y exasesor del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Ayuntamiento de Dos Hermanas.
En el recurso presentado ante el juzgado de instancia número 7 de Dos Hermanas y que ha sido rechazado por la jueza que instruye la causa, Toscano ha calificado de “una aberración” la querella presentada por el partido Vox contra él y Salazar por presuntos delitos de prevaricación administrativa, malversación y tráfico de influencias, y ha anunciado que valorará medidas legales tanto en la vía civil como penal contra la formación de Santiago Abascal por la presentación de la denuncia.
Defensa de la contratación
Según la defensa de Toscano, Salazar cumplió con su calendario laboral y solo percibió un único sueldo municipal durante su etapa en el Ayuntamiento, rechazando las acusaciones de que estuviera simultáneamente trabajando en Madrid mientras cobraba de la administración local. El exregidor insiste en que Salazar desempeñó funciones de gestión del Gran Hipódromo de Andalucía y de los aparcamientos municipales públicos, con permisos aceptados y sin irregularidades salariales, subrayando que la relación laboral fue plenamente pública y aprobada por la Junta de Gobierno Local.
La querella y la respuesta de Toscano
La querella de Vox sostiene que Salazar habría cobrado del Ayuntamiento mientras trabajaba para altos cargos del PSOE en Madrid, lo que, a juicio del partido, podría constituir una irregularidad. El abogado de Toscano afirma que la denuncia obedece a motivos espurios y un abuso de derecho y fraude procesal, lamentando que se cuestione la gestión municipal en términos políticos antes que jurídicos.
El juzgado rechazó inicialmente la petición de que la querella fuera descartada, por lo que ahora la causa continúa su trámite, con la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil recabando documentación clave sobre la contratación y el expediente de Salazar.
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