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REPORTAJE | De la Iglesia al Betis, Loyola, los Testigos de Jehová y la Peña Sevillista: así ha cedido Dos Hermanas su patrimonio municipal

La posible cesión de casi 27.000 metros cuadrados a a iglesia ha vuelto a poner el foco sobre una práctica habitual en Dos Hermanas: la entrega de suelo público para proyectos educativos, deportivos, religiosos y empresariales. Este reportaje recopila las principales operaciones aprobadas por el Ayuntamiento y ofrece una visión global de cómo se ha gestionado parte del patrimonio municipal.

REDACCIÓN

La cesión gratuita de una parcela de 27.355 metros cuadrados a la Archidiócesis de Sevilla ha vuelto a situar en el centro del debate el uso del patrimonio municipal de Dos Hermanas. El acuerdo fue firmado el 9 de julio de 2026 por el alcalde, Francisco Rodríguez, y el arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses. El terreno, identificado como parcela E-7 de Entrenúcleos y calificado para equipamiento docente, se destinará a un nuevo centro educativo y un templo. La propia comunicación municipal define expresamente la operación como una cesión gratuita.

No se trata, sin embargo, de una actuación aislada. Durante las últimas décadas, el Ayuntamiento ha puesto terrenos o inmuebles públicos a disposición de entidades religiosas, educativas, deportivas y asociativas. Las condiciones varían sustancialmente: algunas operaciones incluyen cánones e inversiones; otras permiten el uso gratuito del patrimonio durante décadas.

La comparación exige, por tanto, evitar dos simplificaciones. No todo el suelo se ha regalado y no todas las entidades han recibido la propiedad. Pero tampoco basta con anunciar que cada proyecto reportará un beneficio social: debe conocerse con precisión qué patrimonio se compromete, durante cuánto tiempo y qué obtiene Dos Hermanas a cambio.

La nueva parcela de la Archidiócesis: 27.355 metros cuadrados

La parcela E-7 está formada por varias fincas registrales agrupadas y tiene una superficie catastral de 27.355 metros cuadrados. La documentación municipal de enero de 2026 explica que la Archidiócesis había solicitado el terreno en abril de 2025 para levantar un complejo parroquial y un centro de Educación Infantil, Primaria y Secundaria. Antes de culminar la operación, el Ayuntamiento tuvo que regularizar registralmente el suelo y revertir la parcela que había sido cedida anteriormente para la construcción de una parroquia. El nuevo proyecto multiplica la dimensión de aquel planteamiento inicial y amplía el uso religioso con un centro educativo.

La información municipal publicada tras la firma no concreta públicamente algunos elementos esenciales:

•⁠ ⁠La duración exacta de la cesión.
•⁠ ⁠La valoración económica actual de la parcela.
•⁠ ⁠La inversión mínima comprometida.
•⁠ ⁠Los plazos obligatorios para ejecutar las obras.
•⁠ ⁠El régimen del futuro colegio.
•⁠ ⁠Las cuotas que podrían abonar las familias.
•⁠ ⁠Las causas y el procedimiento de reversión.

Por tanto, se conoce la superficie, la gratuidad y el destino general, pero todavía no se dispone públicamente de un cuadro completo que permita medir el retorno económico y social de la operación.

Una relación anterior con la Archidiócesis

La cesión de 2026 no es el primer acuerdo de este tipo con la Iglesia católica. En 2023, el Ayuntamiento había aprobado la entrega gratuita de una parcela de alrededor de 3.000 metros cuadrados para construir una parroquia en Entrenúcleos. Aquella operación estaba sometida a plazos de ejecución, mantenimiento del uso religioso y reversión en caso de incumplimiento.

La documentación más reciente señala que esta parcela anterior debía revertirse antes de facilitar el nuevo terreno. Por ello, no sería correcto sumar ambos suelos como si las dos cesiones estuvieran vigentes simultáneamente. También existen precedentes anteriores. En 2015 se anunciaron dos terrenos para usos religiosos: uno de 3.000 metros cuadrados en el entorno de Montequinto-Entrenúcleos y otro de 1.602 metros cuadrados en Las Cruces. La sucesión de acuerdos demuestra que la relación patrimonial con la Archidiócesis se ha mantenido durante diferentes etapas municipales.

Loyola: 110.000 metros cuadrados y un canon pagado principalmente con becas

Uno de los mayores precedentes es la concesión del suelo donde se encuentra el campus sevillano de la Universidad Loyola. La institución dispone de aproximadamente 110.000 metros cuadrados mediante una concesión administrativa de larga duración. El acuerdo estableció un canon inicial de 201.000 euros anuales, actualizable conforme al IPC, y un periodo de carencia de tres años. El contrato permite que el canon se abone preferentemente en especie, principalmente mediante becas.

El modelo no equivale, por tanto, a una cesión gratuita. La universidad debe satisfacer una contraprestación, aunque no se materialice íntegramente mediante pagos directos al Ayuntamiento. La documentación municipal ha recogido durante distintos ejercicios convocatorias de becas vinculadas a esta concesión, principalmente para estudios universitarios y de posgrado. El campus sigue plenamente activo en 2026 y la propia universidad mantiene allí su sede de Sevilla.

El Betis: 509.789 metros cuadrados para su ciudad deportiva

La operación de mayor superficie corresponde a la ciudad deportiva del Real Betis. El proyecto global ocupa 509.789 metros cuadrados en Dos Hermanas. La primera fase se desarrolló sobre aproximadamente 209.000 metros cuadrados e incorporó campos de fútbol, edificios deportivos, vestuarios, gradas, aparcamientos y otras instalaciones. 

La concesión no fue gratuita. El acuerdo incluía:

  • Un pago inicial de 750.000 euros.
  • Un canon anual de 101.000 euros.
  • Una inversión mínima de diez millones.
  • La ejecución de las instalaciones dentro de los plazos previstos.
  • La vinculación del suelo al uso deportivo autorizado.

Dividir el canon anual por la superficie arroja una cifra nominal reducida por metro cuadrado, pero esa comparación es incompleta porque deja fuera la inversión obligatoria, el pago inicial y el posible valor futuro de las instalaciones cuando termine la concesión.

La pregunta periodística adecuada no es si el Ayuntamiento “regaló” medio millón de metros cuadrados, porque la documentación acredita contraprestaciones. La cuestión es si el conjunto del canon, la inversión y el retorno deportivo y promocional resulta proporcionado al valor del suelo inmovilizado durante décadas.

Los Testigos de Jehová: 1.000 metros cuadrados procedentes del recinto ferial

El inventario municipal incorpora otra operación menos conocida: la segregación de una parcela de 1.000 metros cuadrados procedente de la finca del recinto ferial para su concesión a los Testigos de Jehová. La actuación aparece fechada el 22 de mayo de 2013. El terreno figuraba en el inventario de 2015 con una valoración contable de 116.437,68 euros. Esa cifra es histórica y no puede interpretarse como una tasación actual de mercado. 

La documentación localizada permite confirmar la superficie, la procedencia municipal y la existencia de una concesión, pero no ofrece de forma accesible todos los términos del expediente original:

  • Duración.
  • Canon, si lo hubo.
  • Finalidad exacta.
  • Inversión comprometida.
  • Condiciones de reversión.
  • Posibles contraprestaciones.

Existe además constancia de obras promovidas por los Testigos Cristianos de Jehová en la calle Vía Flavia, 11. En septiembre de 2017, el Ayuntamiento devolvió una fianza de 300 euros depositada para garantizar la reposición del pavimento y otros elementos afectados por unas obras autorizadas en 2016. Ese documento confirma actividad constructiva de la entidad, pero por sí solo no permite asegurar que la dirección coincida registralmente con la parcela segregada ni reconstruir las condiciones económicas de la concesión. 

Por rigor, el reportaje puede afirmar que hubo una concesión municipal de 1.000 metros cuadrados a los Testigos de Jehová. Lo que no puede sostenerse todavía es que fuera gratuita, porque el expediente completo no se ha localizado en la documentación pública consultada.

La Peña Sevillista: un edificio público durante 30 años y sin canon

El caso de la Peña Sevillista presenta una naturaleza distinta. No afecta a una gran superficie de Entrenúcleos, sino a un edificio municipal de nueva construcción ubicado en el número 1 de la calle Real Utrera.

La parcela tiene 201,30 metros cuadrados y fue adquirida por el Ayuntamiento mediante expropiación. Sobre ella se construyó un inmueble de tres plantas, con 516,83 metros cuadrados construidos y 424,90 útiles. 

Las obras se dividieron en dos fases:

  • Primera fase: 144.745,28 euros.
  • Segunda fase: 599.999,03 euros.

Los presupuestos aprobados sumaban 744.744,31 euros, aunque esa cifra corresponde a los proyectos de contratación y no necesariamente a la liquidación definitiva de las obras.

En julio de 2017, el Ayuntamiento cedió gratuitamente a la Asociación Peña Sevillista de Dos Hermanas el uso de la mayor parte del edificio por un periodo de 30 años. El acuerdo justificó la operación por el interés público, cultural y social de las actividades de la entidad. 

La Peña debía asumir los suministros, el mantenimiento interior, los seguros y otros gastos ordinarios. No consta, sin embargo, el pago de alquiler o canon. El mantenimiento de la fachada permanecía bajo responsabilidad municipal.

Un bar explotado por un tercero

Pocos días después de formalizarse el convenio, la Peña solicitó autorización para ceder a un tercero la explotación de la zona de bar. El Ayuntamiento autorizó esa actividad en septiembre de 2017, condicionándola a la obtención de licencias, seguros y al cumplimiento de las obligaciones previstas en el convenio. 

La operación era legalmente posible porque contó con autorización municipal expresa. Sin embargo, los documentos publicados no especifican:

  • Cuánto abonaba el explotador.
  • Qué ingresos recibía la Peña.
  • Si el Ayuntamiento participaba de esos ingresos.
  • Quién explota actualmente el establecimiento.
  • Qué actividad social se ha desarrollado en el inmueble desde 2017.

El caso es relevante porque combina tres elementos: suelo adquirido por el Ayuntamiento, un edificio construido con inversión pública y una cesión gratuita durante tres décadas que incluye una zona apta para actividad económica.

La falta de una información centralizada

Los datos existen, pero se encuentran dispersos entre inventarios, actas, convenios, acuerdos de juntas de gobierno y notas de prensa. Esa fragmentación dificulta responder a preguntas básicas:

•⁠ ⁠¿Cuántos terrenos e inmuebles municipales están cedidos actualmente?
•⁠ ⁠¿Cuál es su valor actualizado?
•⁠ ⁠¿Qué entidades pagan canon?
•⁠ ⁠¿Cuáles los reciben gratuitamente?
•⁠ ⁠¿Qué acuerdos están próximos a vencer?
•⁠ ⁠¿Se han cumplido las inversiones y los usos previstos?
•⁠ ⁠¿Qué bienes han revertido?
•⁠ ⁠¿Qué actividad económica se desarrolla en espacios cedidos?

El Ayuntamiento debería publicar un registro comprensible y actualizado con la entidad beneficiaria, la superficie, el valor, la duración, el canon, la inversión, las condiciones de reversión y el grado de cumplimiento de cada operación.

Un patrimonio público destinado a fines muy distintos

Las cesiones de patrimonio municipal son legales y pueden utilizarse para impulsar proyectos de interés general. Un retorno público no tiene por qué consistir exclusivamente en dinero: puede traducirse en becas, instalaciones deportivas, actividad educativa, servicios sociales o equipamientos.

Pero el interés público no debería darse por supuesto. Tiene que describirse, evaluarse y compararse con el valor del patrimonio comprometido. En Dos Hermanas conviven una parcela gratuita para un centro educativo y religioso, una universidad que satisface su canon principalmente mediante becas, un club profesional que paga y construye instalaciones, una concesión religiosa cuyas condiciones económicas no están accesibles y un edificio municipal cedido sin canon a una peña durante 30 años.

La pregunta común es sencilla:

¿Qué recibe exactamente Dos Hermanas a cambio de que su suelo y sus edificios queden vinculados durante años o décadas a entidades privadas? Responderla con precisión exige algo más que notas de prensa. Exige expedientes completos, valoraciones económicas actualizadas y un seguimiento público del cumplimiento de cada acuerdo.

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