La Inmobiliaria del desahucio de Montequinto defiende su actuación «bajo los cauces legales sin presiones ni actuaciones de mala fe»
En respuesta a las informaciones publicadas, la inmobiliaria Trial 3, actual propietaria del inmueble, ha remitido un comunicado en el que solicita la retirada de las noticias difundidas, alegando que “no reflejan la realidad de los hechos y generan una percepción injusta y perjudicial” hacia la empresa.
REDACCIÓN
La empresa adjudicataria del inmueble asegura haber actuado conforme a la ley, mientras vecinos y colectivos sociales lamentan la “frialdad institucional” ante una pareja anciana, uno de ellos enfermo de cáncer. El reciente desahucio de un matrimonio de más de 90 años en la plaza de Parma, en Montequinto (Dos Hermanas), continúa generando debate y reacciones encontradas entre los vecinos, los colectivos sociales y la empresa adjudicataria del inmueble.
En respuesta a las informaciones publicadas, la inmobiliaria Trial 3, actual propietaria del inmueble, ha remitido un comunicado en el que solicita la retirada de las noticias difundidas, alegando que “no reflejan la realidad de los hechos y generan una percepción injusta y perjudicial” hacia la empresa.
Según el escrito, el procedimiento “ha seguido estrictamente los cauces legales, sin presiones ni actuaciones de mala fe”. La familia afectada habría dejado de abonar su hipoteca antes de 2015, y entre 2015 y 2018 “la entidad bancaria les ofreció múltiples oportunidades para regularizar su situación, sin colaboración por su parte ni de sus familiares”.
Trial 3 sostiene que, tras la subasta judicial, los afectados recibieron 11.500 euros de sobrante, y que la empresa les ofreció continuar en la vivienda como inquilinos por 450 euros mensuales, “una renta inferior al precio de la zona”, que fue rechazada. También aseguran haber permitido que familiares adquirieran la vivienda “a precio simbólico, sin obtener beneficio alguno”.
Respecto a la vulnerabilidad de los afectados, la empresa afirma que el juzgado no la reconoció al constatar que “perciben dos pensiones y no aportaron la documentación requerida sobre sus ingresos”. Añaden que el Ayuntamiento de Dos Hermanas ofreció una plaza en una residencia, “también rechazada”.
Por último, la inmobiliaria sostiene que el día del lanzamiento “los afectados ya no residían en el inmueble desde hacía más de una semana”, y que su reaparición “tuvo como único fin generar presión vecinal”. La empresa afirma disponer de documentación policial que acredita que la vivienda fue entregada “en estado ruinoso, con desperfectos y pintadas”.
Reacción vecinal y debate social
Pese a la defensa de la empresa, la actuación judicial ha provocado indignación en buena parte del vecindario y entre colectivos sociales de Dos Hermanas. Algunos testigos denuncian que el desahucio “se ejecutó sin sensibilidad alguna” y “sin tener en cuenta la edad ni la situación de salud” de los afectados. Varios vecinos presentes durante el lanzamiento lamentan que “faltó humanidad” y que “no se ofreció una alternativa habitacional adecuada”.
Un conflicto que trasciende un caso
El desahucio de Montequinto ha reabierto el debate sobre el equilibrio entre el derecho a la propiedad y el derecho a una vivienda digna, especialmente cuando se trata de personas mayores o con enfermedades graves.
Mientras la inmobiliaria insiste en que ha actuado conforme a la ley y ofrece documentación para demostrarlo, la escena vivida en la calle —con una pareja anciana, rodeada de vecinos y policía, viendo cómo se cerraba su puerta para siempre— sigue despertando preguntas incómodas sobre la humanidad del sistema.
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