Las políticas de recortes aplicadas por los sucesivos gobiernos autonómicos y estatales ponen en peligro la Dignidad de las personas
El 10 de Diciembre de 1948 se firmaba en París la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este documento recoge en 30 artículos derechos universales, individuales y colectivos, a los que los estados que lo suscriben aceptan velar y hacer cumplir.
Pero una declaración no es de obligado cumplimiento; es más bien, una declaración de intenciones, una voluntad y es el desarrollo legislativo de cada estado el que garantiza (o no) el cumplimiento de esta declaración.
TRIBUNA LIBRE
La Constitución Española de 1978, norma suprema del derecho español, establece en su artículo 10 la Declaración de los Derechos Humanos como referencia, por lo que el posterior desarrollo legislativo debe estar acorde a la consecución de dichos objetivos.
Hoy, 68 años después de la firma de esta declaración, desde las Columna Dos Hermanas hacemos una valoración de la misma, aceptando la importancia que tuvo para el reconocimiento formal de los derechos humanos pero también desde la crítica al incumplimiento de las misma.
Así podemos asegurar que en España (y el mundo) no nacemos en igualdad en Dignidad y Derechos y que la zona geográfica, la religión y la clase social limitan el desarrollo de los derechos humanos; no todos los humanos tienen garantizados los derechos a los que se refiere la Carta.
El fin del esclavismo formal (la no pertenencia de ningún humano a otro) no impide que millones de personas dependan de otras para subsistir, a través de un salario de miseria con el que apenas cubren las necesidades vitales que le posibiliten acudir a su próxima jornada laboral; la OIT denuncia que existen más de 21 millones de víctimas de trabajos forzosos.
No hay más que recordar a los miles de muertos en las fronteras, náufragos, retenidos en Centros de Internamientos para extranjeros, desplazados por conflictos armados o declarados «ilegales» en nuestro territorio para certificar el incumplimiento del artículo 13, que establece la libre circulación y la libre elección de la residencia. Más sangrante aún es la situación de quienes buscan asilo, hacinados en campos de refugiados y renegados por países firmantes de esta Declaración.
Las políticas de recortes aplicadas por los sucesivos gobiernos autonómicos y estatales ponen en peligro la Dignidad de las personas, derecho reconocido también en esta carta al establecerse la necesidad de una “seguridad social y obtener mediante el esfuerzo nacional […) la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad”. No podemos hablar de Dignidad cuando se niega la posibilidad de emancipación de los jóvenes, cuando la precariedad laboral nos imposibilita plantearnos un futuro, cuando se niegan derechos básicos como la vivienda y se permiten los desahucios y se obvia a quienes viven en la calle, en infraviviendas o chabolas. No hay garantías de dignidad en la indigencia, la mendicidad, cuando se corta la luz a una familia porque no puede pagarla, cuando se vive al calor de una vela o cuando a pesar de tener empleo tu salario no te permite acceder a unos mínimos vitales que todas deberíamos tener garantizados desde lo público. No hay dignidad ni igualdad cuando por el hecho de ser mujer mengua tu salario, cuando se nos sigue relegando a las tareas domésticas y al cuidado de ancianas y niñas, cuando se vive más desprotegida en una sociedad que sigue viendo natural el acoso y es permisiva con las violencias machistas.
Dice la misma carta de los Derechos Humanos que “Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos.” Cabe preguntarse si el actual orden social e internacional, en el que las oligarquías mantienen el control de la producción y la distribución de los bienes y servicios y la búsqueda constante del beneficio empresarial prevalece sobre los derechos inalienables de hombres y mujeres y sobre el respeto a la naturaleza es posible desarrollar plenamente esta Carta a avanzar en nuevos derechos acordes al grado de desarrollo de nuestra sociedad.
Desde la Columna Dos Hermanas de las Marchas de la Dignidad, animamos a seguir construyendo entre todas las herramientas necesarias para la plena aplicación de esta Declaración y forzar a los poderes públicos a garantizar una vida digna para todas las personas.
-La Columna Dos Hermanas
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