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Dos familia nazarenas piden que se paralice el derribo de sus viviendas

La paradoja es que una vez que las derriben podrán volver a construir en el mismo lugar.

Han estado pagando todos los impuestos y ahora ordenan el derribo

Imagen de Diario de Sevilla

Dos familia de Dos Hermanas con dos hijos están a punto de quedarse sin viviendas por una orden judicial de hace 14 años. El derribo de las casas previsto para este miércoles se encuentran en la urbanización de La Ruana Baja, entre Dos Hermanas y Alcalá de Guadaira y sobre ellas pesa una orden de demolición en ejecución de una sentencia de hace catorce años que condenaba a los propietarios de las viviendas por un delito urbanístico. El derribo de las viviendas, advierten, supone dejar en la calle a una familia con dos menores de edad.

Las casas están construidas en un terreno rústico, a pesar de que los propietarios de las mismas están pagando impuestos al Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra como si estuvieran en suelo urbano. Las casas pertenecen a dos hermanas, Sara y Mónica Ramos. La primera reside en Madrid. Mónica, sin embargo, tiene su residencia habitual en esta vivienda. Ningún miembro de la familia tiene trabajo y viven de una pensión del marido, Jesús. La semana pasada, cuando atendió a este periódico, Jesús trataba de obtener algún aplazamiento del derribo mientras su mujer y sus hijos estaban confinados por tener covid-19.

Imagen de Diario de Sevilla

A pesar de estar construida en terreno rústico, la familia han seguido pagando los impuestos al Ayuntamiento de Alcalá como si estuvieran en suelo urbano. La primera de las hermanas reside en Madrid, Mónica sin embargo tiene en esa viniendo su hogar con su marido y sus dos hijos. El marido de Mónica, Jesús es el único de la familia que aporta ingresos por una pensión. Durante dos semanas lleva intentando conseguir un aplazamiento del derribo, de momento no lo ha conseguido.

Lo peculiar y lamentable de este caso, es que con la nueva ley andaluza de impulso para la sostenibilidad del territorio (Lista), de diciembre de 2021, sí se podría construir en el terreno sobre el que ahora se levantan las casas. Sin embargo, se ven obligados a ejecutar una sentencia anterior que ordena el derribo de las viviendas. 

Sara, una de las afectadas lamenta que “es un despropósito, Tenemos que tirar las casas y, si queremos, levantarlas de nuevo. Pero primero hay que tirarlas» que ha acudido a varias instituciones sin que nadie haya solucionada nada.

Tanto ella como su hermana fueron condenadas en el año 2008 por edificar en terrenos rústicos. La pena era de seis meses de cárcel, donde no tuvieron que ingresar al no tener antecedentes, y al derribo de las construcciones. La sentencia no se ejecutó durante años, hasta que el juzgado de lo Penal 7 de Sevilla instó al Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíraa que la cumpliera.

Tras varios recursos, el juez estima que la situación no ha cambiado, el terreno sigue siendo rústico y no se ha recalificado, y no concurre ninguna circunstancia nueva como para que no se ejecute su sentencia. Hace diez días recibieron la notificación que les indica que el día 26 de enero, las casas serán derribadas.

Distinto es la cuestión administrativa que tendrán que reclamar ante el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, que durante la última década les ha ido cobrando el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), como si las construcciones fueran legales. A efectos de impuestos, es como si estuvieran viviendo en una urbanización cercana que sí está urbanizada.

Jesús, el marido de Mónica, asegura que hubo una confusión desde el momento inicial y que van a derribarle una vivienda que es suya sin que a él lo hayan condenado nunca. En los últimos días ha estado haciendo gestiones con el Ayuntamiento de Alcalá y con Asuntos Sociales. «No tenemos ningún lugar a dónde ir. No disponemos de recursos para alquilarlos una vivienda».

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