Los parcelistas investigados en Dos Hermanas responsabilizan al Ayuntamiento tras meses ignorando a los vecinos
Los vecinos aseguran que llevan años en una situación «precaria», viviendo en construcciones que consideran legalizables, y que el Ayuntamiento ha mantenido una actitud pasiva
REDACCIÓN
Los propietarios de parcelas investigados por la construcción de viviendas en suelo no urbanizado de Dos Hermanas han señalado directamente al Ayuntamiento como responsable del problema que ahora se ha judicializado y que ha acabado con 115 investigados por presuntos delitos contra la ordenación del territorio.
Según un comunicado difundido por el abogado que representa a la mayoría de los vecinos afectados, José Antonio Cumplido, los parcelistas presentaron en junio de 2025 un plan especial de adecuación ambiental y territorial al Consistorio para regularizar la situación de las urbanizaciones Lissen 4 y Lissen 5, sin que hasta la fecha hayan recibido respuesta formal. El letrado apunta que, por ley, el Ayuntamiento disponía de tres meses para pronunciarse desde la entrada de la solicitud en registro, y que, al no hacerlo, debería aplicarse el régimen de silencio positivo.
Los vecinos aseguran que llevan años en una situación «precaria», viviendo en construcciones que consideran legalizables, y que el Ayuntamiento ha mantenido una actitud pasiva, incluso dificultando trámites como el empadronamiento. El abogado también afirma que ha solicitado en múltiples ocasiones reuniones con las autoridades municipales sin éxito.
Por su parte, la Guardia Civil, a través del SEPRONA y en colaboración con la Policía Local y la Fiscalía de Medio Ambiente, impulsó la operación Nessil, que ha llevado a la investigación de 115 personas por supuestamente levantar construcciones ilegales en una zona de suelo rústico de aproximadamente 120.000 m², con infraestructuras como caminos, vallados y suministros básicos. El operativo supuso la inspección de más de 120 subparcelas y el envío de diligencias a la autoridad judicial competente.
Los implicados podrían enfrentarse a penas que incluyen prisión de 1 a 4 años, multas, inhabilitación profesional e incluso la obligación de restituir el orden territorial alterado, según el artículo 319 del Código Penal.
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