El juez instructor incorpora a las diligencias un informe policial fechado el pasado 16 de noviembre, en el que los agentes, merced a las peticiones del propio juzgado, aclaran «la titularidad de varios números de teléfono», en función de la información recabada de las operadoras de telefonía.
Redacción/Política
El juez de Primera Instancia e Instrucción número 7 de Dos Hermanas (Sevilla), que investiga la denuncia por presunto chantaje al que fuera candidato de Ciudadanos a la Alcaldía nazarena, Manuel Varela, ha incorporado a la causa un informe del Cuerpo Nacional de Policía, sobre la titularidad o uso de tres números de teléfono interesados, uno de los cuales estaría «a nombre» del periodista investigado en las actuaciones judiciales. Los agentes, en concreto, dan cuenta de que uno de los números de teléfono móvil interesados pertenece a Carman A.A., otro fue «utilizado» por Adela S., y un número de teléfono fijo estaría a nombre del periodista José Luis O. investigado en las diligencias.
En una nueva providencia, recogida por Europa Press, el juez instructor incorpora a las diligencias un informe policial fechado el pasado 16 de noviembre, en el que los agentes, merced a las peticiones del propio juzgado, aclaran «la titularidad de varios números de teléfono», en función de la información recabada de las operadoras de telefonía.
El Juez instructor resuelve además que no procede adoptar «ninguna medida disciplinaria contar el denunciante, al entender que no ha quedado acreditado que las filtraciones (a los medios de comunicación) se han producido por el denunciante y no por algún otro implicado en la causa». «Es cierto que es razonable pensar que es el mayor interesado en las mismas, pero por otro lado, aparte de no ser ello suficiente para la adopción de medidas, también es razonable pensar que hay otras filtraciones como la reciente decisión de no tomar declaración como investigado a Toscano (el alcalde socialista de Dos Hermanas), cuya procedencia pudiera ser otra por haber otras personas más o igual de interesadas en su trascendencia pública», considera el juez instructor.
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