Los populares se adhieren a la petición que el PP Nacional ha realizado al Congreso de los Diputados, donde se ha presentado una Proposición de Ley Orgánica para combatir la ocupación ilegal de viviendas.
El Partido Popular de Dos Hermanas presentará en el próximo pleno del viernes una moción para «combatir la ocupación ilegal de las viviendas y garantizar de esta manera el derecho a la propiedad, la seguridad de las personas y la convivencia social».
En este sentido, según informa el partido en un comunicado, los populares nazarenos se han adherido a la petición que desde la ejecutiva nacional se ha realizado al Congreso de los Diputados, donde se ha presentado una Proposición de Ley Orgánica destinada a «combatir la ocupación ilegal de viviendas a la vez que se garantiza el derecho de propiedad, la seguridad de las personas y bienes y la convivencia social».
Entre otras medidas, se solicita que «la Policía como autoridad pública podrá desalojar la vivienda ocupada ilegalmente en un plazo exprés de 24 horas, sin necesidad de esperar varios meses como hasta ahora y refuerza el delito de usurpación pasando de una multa a pena de privación de libertad de uno a tres años». Para los populares nazarenos, este tipo de propuestas «evitaría situaciones como la del Patio Maravillas en Madrid o hechos tan lamentables como el ocurrido el pasado 5 de enero en Badalona, donde murieron tres vecinos de un inmueble a consecuencia de una sobrecarga eléctrica provocada por el “pinchazo” ilegal de los okupas que vivían además de forma ilegal en un edificio del barrio de San Roc».
Para la portavoz popular, M. Carmen Espada, <<éstos ayuntamientos, lejos de promover una política efectiva de vivienda se han dedicado a “consentir” una usurpación de la propiedad que no es justificable en ningún caso, pues se trata de una ilegalidad en contra del derecho constitucionalmente reconocido como es la propiedad. Cuando hay una ocupación ilegal, hay un acto contrario a derecho. No puede ser que este tipo de políticas se basen en considerar la ocupación ilegal como una situación tolerable o admisible, como no lo es cualquier otra ilegalidad>>, añadiendo que <<combatir el alarmante y creciente problema de la ocupación de viviendas, luchar contra las mafias y la delincuencia asociada a la misma y garantizar así, la propiedad privada, la convivencia y la seguridad son los motivos principales que impulsan esta iniciativa en el Congreso de los Diputados>>.
En este sentido, recalcan que a pesar de que «en la última década se han acortado sustancialmente los plazos judiciales para el desalojo de viviendas, el problema de la ocupación genera alarma en la sociedad española y el número de viviendas ocupadas no deja de aumentar. Además, el fenómeno ha generado la instauración de mafias de la ocupación y la utilización de muchos de estos inmuebles para actividades delictivas».
Los populares muestran su preocupación así «a un problema que no es ajeno a día de hoy a nuestro municipio». En este sentido, manifiestan que su portavoz y candidata a la alcaldía, M. Carmen Espada, ha mantenido una reunión con vecinos de la barriada San Pablo, así como de otros barrios como Las Portadas, La Moneda e incluso la zona centro, donde son continuos los casos de ocupaciones ilegales, punto en el que Espada explica que <<pocas zonas escapan ya a una situación que no puede normalizarse en modo alguno y ante la que debemos tomar medidas para seguir garantizando una convivencia pacífica>>.
De esta forma, el PP nazareno añade en este comunicado que «la Proposición de Ley define por primera vez de forma clara la ocupación ilegal e impide que los okupas se intenten amparar en resquicios legales o en derechos que asisten al ciudadano que actúa legalmente, para cometer ese atentado contra la propiedad privada», y «no regula los desahucios hipotecarios ni arrendaticios ni tiene como objetivo regular los conocidos “precarios” y deja claro que esta normativa nada tiene que ver con la que se ha aprobado en protección de las personas en situaciones de emergencia social o especial vulnerabilidad habitacional cuya protección se encuentra definida en numerosas normas aprobadas por el Partido Popular».
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