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Ustea denuncia “irregularidades inasumibles” en centros educativos de Dos Hermanas

Los recortes de unidades en los centros educativos de Dos Hermanas desatan una cascada de irregularidades que afecta a cientos de alumnos de la localidad.

REDACCIÓN

Durante este primer trimestre de este curso, los delegados y delegadas sindicales de USTEA han visitado 13 de los 34 colegios públicos de la localidad y 10 de sus 14 institutos. Durante las visitas se han podido recabar algunos datos preocupantes sobre cuestiones fundamentales para el desarrollo del proceso educativo de los escolares y para el trabajo de los docentes en la localidad nazarena.
Las irregularidades más preocupantes que denuncian en Ustea, se centran en las siguientes cuestiones:

  • Supresiones de clases. Según datos ofrecidos por la Consejería de Educación se han cerrado 5 aulas de infantil en 5 colegios (Valme Coronada, Ana María Matute, Rafael Alberti, Carlos I y el Palmarillo) y 5 unidades de primaria en otros cinco colegios (Vicente Aleixandre, Fernán Caballero, Federico García Lorca, Maestro José Varela y Los Montecillos). Estas supresiones de aulas tienen varios efectos perjudiciales para la marcha normal de la situación administrativa de los centros educativos afectados; por una parte, esa pérdida de clases de un curso se traducirá en la pérdida de toda la línea en cursos sucesivos. Es decir, la pérdida de una clase de infantil en un colegio supondrá que el año siguiente se pierda la correspondiente de 1o de primaria, al año siguiente de la de 2o y así sucesivamente. Otro efecto preocupante es que las aulas que quedan tras las supresiones están al límite en el número de alumnos, en su número máximo legal, cuando no lo sobrepasan como ocurre en varios centros y se detalla más adelante. La consabida y manida excusa de la Junta de Andalucía para aplicar estos recortes en los centros públicos es la bajada de la natalidad, pero en el caso de Dos Hermanas, una ciudad que crece en población año tras año (según datos del INE), este argumento no solo es criticable (se podría aprovechar la bajada de la natalidad para bajar también la ratio en las aulas) si no que choca con la realidad, ocasionando perjuicios serios en la actividad académica de quienes tienen que realizarla en aulas masificadas.

En algunos casos, como la dinámica de estos recortes de clases producen que en no pocos casos haya más alumnado que plazas disponibles en varios colegios, la solución de la Junta ha sido utilizar al profesorado contratado como refuerzo COVID para hacer desdobles de grupo y cumplir así con los límites de ratio. Ya denunciamos que esta práctica es general en toda Andalucía y que supone, aparte de los problemas puramente administrativos dentro de los centros, añadir un problema de futuro, ya que los refuerzos COVID, como son pagados con fondos europeos de recuperación, dejarán de estar disponibles cuando esos fondos ya no lo estén y el problema volverá a estar presente y aumentado en años sucesivos.

  • Ratio por encima del límite legal. En nuestras visitas sindicales se ha detectado la existencia de clases con un número de alumnos por encima del límite legal en todas las etapas educativas. Hay grupos con más de 25 alumnos en infantil y en primaria, algún grupo con 36 alumnos y alumnas en ESO, cuando el límite es de 30, y algún grupo de bachillerato que ha empezado el curso con 40 alumnos, muy por encima del límite legal, que es de 35 para esa etapa. El Instituto Gonzalo Nazareno y los colegios El Palmarillo y Federico García Lorca son algunos de los centros afectados por esta circunstancia. Teniendo en cuenta que aún no hemos visitado todos los centros y que los datos de los que disponemos son una muestra de la realidad total, queremos trasladar nuestra preocupación por el hecho de que, aparte del gran número de alumnos que ya están en aulas al límite de lo legal, podría haber cientos de estudiantes realizando su actividad en aulas en las que se sobrepasa la ratio máxima.
  • Falta de recursos para necesidades educativas especiales. Las incidencias que afectan al alumnado más vulnerable siempre son motivo de mayor preocupación por cuanto producen situaciones de difícil resolución para familias, profesorado y directivas de los centros. Hemos tenido conocimiento de que la Delegación Provincial de Educación ha recortado el horario del Personal Técnico de Integración Social (PTIS) en el colegio Federico García Lorca para compartir a este personal con el IES Vistazul, que es donde va el alumnado que termina su ciclo en el colegio mencionado. La comunicación de esta resolución a las familias ha movilizado hasta al AMPA del colegio que, de repente, ve cómo se reduce el número de horas de atención al alumnado más vulnerable en cuestiones esenciales para que puedan desarrollar su actividad en igualdad de condiciones. Todo el alumnado se ve afectado y toda la comunidad educativa también en mayor o menor medida. No se puede entender un recorte de este tipo de ninguna forma.
  • Amianto en los colegios Valme Coronada, San Sebastián y en el instituto Cantely. Aparte de las incidencias anteriores, desde USTEA mostramos especial preocupación por la presencia de amianto en los centros educativos. Al respecto, la retirada de la cubierta de fibrocemento del colegio San Sebastián está aún en fase de proyecto y en el caso de los bajantes de fibrocemento del colegio Valme Coronada y de la cubierta de amianto del instituto Cantely están en fase de contratación aún. El amianto debería estar retirado de todos los centros educativos a 31 de diciembre de este año, según acuerdo del 5 de julio de 2016 del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, pero está claro que no va a dar tiempo de cumplir con esa fecha y el alumnado y el profesorado de estos centros tendrán que realizar su actividad un curso más en contacto con este peligroso material.
  • El sindicato quiere resaltar que el trabajo de los profesionales de los centros educativos es el factor que mejor funciona para rebajar la incidencia de estas situaciones. Asimismo, anunciamos que nuestra organización hará las gestiones oportunas para intentar paliar las situaciones generadas por estas incidencias y realizará las denuncias pertinentes a las instancias oportunas y competentes, ya sea la Consejería de Educación, la Delegación Provincial, la Inspección de Trabajo o incluso el Consejo Escolar Municipal.

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